COED ANALIZA LOGÍSTICA PARA DESARROLLO DEL MEGA RASTRILLAJE
El Director Técnico del SEDES La Paz Dr Ramiro Narváez ante diversas versiones sobre la fecha del rastrillaje y la cuarentena rígida, aclaró que la propuesta hecha por el Comité Científico Departamental se hizo llegar al COE Departamental y que en este momento se encuentra en un análisis responsable sobre las acciones a seguir.
La fecha tentativa que se está manejando es el 6 de agosto, pero al ser un rastrillaje multi institucional y multiparticipativo de diferentes sectores públicos y privados, requiere una planificación profunda, ya que no solo será un censo, sino una visita casa por casa llevando kit de medicamentos y con pruebas rápidas, puntualizó la autoridad del Servicio Departamental de Salud de La Paz.
A su vez explicó que se requiere toda la logística y toda la capacidad del sistema de salud para sostener este rastrillaje que tiene como objetivo detectar a la enfermedad en su fase temprana para poder aislar a la persona e iniciar tratamiento.
Por su parte el Dr. Fernando Velásquez, Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de La Paz, informó que el municipio está extremando esfuerzos en todos los niveles de salud, habilitando todas las infraestructuras de salud para evitar el colapso de hospitales, ya que parte de este rastrillaje significa tomar medidas para que los ciudadanos sean atendidos tempranamente y evitar situaciones críticas.
En este sentido, el Dr. Velásquez, hizo conocer que el municipio iniciará acciones penales en contra de los dirigentes del Macrodistrito 7 Obispo Indaburo, ya que se habría recibido un Voto Resolutivo de la Junta de Vecinos por el cual se resuelve rechazar rotundamente la habilitación del Centro de Salud Obispo Indaburo como Centro de Referencia COVID-19.
El Director de Asuntos Jurídicos indicó que la habilitación de este Centro es dar una atención temprana a la población del sector con la finalidad de evitar el desarrollo de la enfermedad y llegar a situaciones críticas, por lo cual calificó de irascible la posición tomada por la junta de vecinos.
Aclaró que los Centros de Salud son bienes de dominio público y corresponden como patrimonio al municipio de La Paz y están al servicio de todos y cada uno de los ciudadanos, por esta razón se inició hoy una acción penal contra los dirigentes que han emitido este voto resolutivo bajo delitos de: Atentado contra bienes públicos, Delitos contra la Salud, Impedir o estorbar el ejercicio de funciones además de Instigación publica a delinquir, ya que la salud es un derecho fundamental estipulado por la Constitución Política del Estado.